1. Los efectos de la crisis en nuestro país están siendo devastadores. No sólo el desempleo alcanza niveles insoportables, sino que el retroceso en las condiciones de vida de los ciudadanos amenaza con situarnos varias décadas atrás, cuando España contaba con los peores indicadores sociales del conjunto de nuestros socios de la UE.
2. Este brutal retroceso no se relaciona con el origen y las causas de la crisis, sino más bien con las políticas que se han venido adoptando para hacerle frente. La llamada “austeridad” no es sino la renuncia al papel regulador y redistribuidor del Estado, poniéndolo al servicio de los intereses privados. Supone el abandono del carácter social del Estado que nuestra Constitución consagra y cuyo desarrollo, con todas sus limitaciones, ha permitido avances económicos y sociales durante treinta años. Y ello cuando el origen de la crisis está precisamente en la renuncia por parte de los poderes públicos a regular y controlar las actividades financieras, que acabaron desbordando todos los límites de la especulación, estallando y arrastrando a toda la economía.
3. La inmensa mayoría de los ciudadanos no hemos “vivido por encima de nuestras posibilidades” como proclaman con insistencia quienes tienen como único objetivo justificar la brutal transferencia de renta que se está produciendo en beneficio de los más poderosos. Muy al contrario: algunos, unos pocos, pero con mucho poder económico, hicieron locos negocios especulativos por encima de sus posibilidades y de las nuestras. Las tremendas pérdidas de esos negocios están siendo sufragadas ahora por el conjunto de los ciudadanos, directamente en su empleo, en la disminución de su salario o en la precarización de sus condiciones de trabajo, pero también indirectamente con el desmantelamiento del ya limitado sistema de prestaciones sociales. Esos poderosos de aquí y de fuera de aquí no renuncian a recuperar hasta el último céntimo de lo que invirtieron y de los beneficios que esperaban, aunque sea a costa de la depauperación de todo un país.
4. Cuando se nos dice que no hay dinero para todo, que los sacrificios hay que repartirlos y que seremos recompensados en el futuro por nuestros esfuerzos de ahora, se nos pretende engañar clamorosamente. No hay dinero para los servicios públicos, pero sí para tapar los enormes agujeros de los bancos (malos y menos malos), de las autopistas privadas o de las eléctricas. Se nos oculta que la desigualdad ha crecido en España más que en ningún otro país de la UE, que el peso de los salarios en la renta nacional pierde peso un año tras otro frente a las rentas del capital. Cualquier cosa antes que una real distribución de los esfuerzos, todo menos exigir más a quien más puede. Y el resultado está a la vista: ni la economía se recupera ni desciende el desempleo, sino todo lo contrario.
5. Se ha repetido hasta la saciedad que el problema económico de España no es fundamentalmente la deuda pública. No sólo no es superior a la media de la UE ni a la de los países más importantes de nuestro entorno, sino que el verdadero problema es la deuda privada, fundamentalmente de las empresas, y dentro de ellas, sobre todo la de las grandes empresas y en especial la de los bancos. Ahí reside precisamente la clave de la posible insolvencia de nuestra economía. La solución hasta ahora ha sido colocar al Estado como garante de la deuda privada de las empresas: en eso consiste precisamente el famoso “rescate” bancario o el más amplio que parece que se avecina. Y de ahí las oscilaciones de la prima de riesgo, que no tienen que ver con el déficit público sino, como estamos viendo en estos meses, con los avatares del rescate al sector financiero.
6. Las políticas intensivas de austeridad no dan como resultado el relanzamiento de la economía y del empleo. Tras varios años de insistencia en ellas, el resultado es la recesión. Hoy todo el mundo lo admite y, sin embargo, se insiste en ellas. Como tampoco la desregulación de las relaciones de trabajo conduce a una mejora en la cantidad de empleo disponible, y se sigue también insistiendo. Hoy todo el mundo, salvo los más doctrinarios neoconservadores, admite que la raíz del problema está en otro lugar: en la falta de estímulos públicos y en la ausencia de crédito a disposición de las empresas y de las familias.
7. Sin embargo, se persevera porque es sabido que el desempleo no sólo paraliza, sino que se convierte en coartada para la destrucción del Estado redistribuidor, para el descenso de los salarios, para la entrega de los servicios públicos a la voracidad de los que sólo saben hacer negocios seguros a costa del Estado y para quienes la crisis es verdaderamente “una oportunidad”: el Estado está de saldo. Ya tenemos dicho que la degradación de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, atención a la dependencia) no sólo persigue ahorrar para poder financiar a los que nos han conducido a la crisis, sino también justificar su privatización, ya sea mediante la entrega al sector privado de la gestión directa del servicio público (otro negocio sin riesgo), ya empujando a muchos ciudadanos a recurrir directamente al sector privado.
8. Hemos repetido también que estas políticas no sólo son injustas por el desequilibrio de los esfuerzos que se exigen a los ciudadanos, sino que también son inútiles en relación con el objetivo que, en teoría, se proponen: el desempleo crece, la inmensa mayoría de la sociedad se empobrece, aumenta la inseguridad y las condiciones de vida y de trabajo son cada vez más precarias. Nos conducen a gran velocidad a la destrucción de nuestro tejido productivo, de nuestra capacidad de innovación y, sobre todo, nos están empobreciendo inútilmente. Lo saben y, sin embargo, insisten. Porque están realmente dando sus frutos para quienes las diseñan: se producen cambios cada vez más irreversibles en nuestro sistema de relaciones sociales y económicas, pues lo que se pretende hacer desaparecer es el modelo hasta ahora vigente en Europa. A estas alturas, pocos pueden pensar que lo que retrocedemos en tan poco tiempo pueda ser recuperado en un futuro razonable, o probablemente nunca.
9. Es natural que se responda ante esta situación. Porque estas políticas no se aplican sólo en España. Son las impulsadas por los responsables de la UE, entre los que se hallan los más ultra conservadores en el terreno social y económico, es decir, quienes están decididos a acabar con el modelo europeo de relaciones sociales. Cierto es que en España quienes las aplican están en perfecta sintonía e incluso se precian de ser alumnos aventajados en el conservadurismo; cierto es también que pretenden ir más allá en el adelgazamiento de un Estado ya escuálido que no llegó nunca a poder compararse con el de los países del entorno; cierto es finalmente que también nuestros gobernantes forman parte de los órganos de decisión de la UE y son por tanto corresponsables de sus decisiones. Pero también es cierto que en estos momentos el ámbito de las decisiones escapa cada vez más a los Estados y que no todos ellos ejercen el mismo poder de decisión en la práctica. Y, sobre todo, porque es posible otra orientación en las políticas económicas y sociales, porque las instituciones comunitarias y los gobiernos pueden y deben tomar medidas que impulsen el crecimiento, que ayuden a los países con mayores dificultades a su reactivación y que eviten la repetición de las causas que están en la raíz de la crisis actual, recuperando los controles políticos sobre el poder financiero, poniendo coto a las transacciones especulativas y haciendo frente a sus responsabilidades con los ciudadanos.
10. Por ello es pertinente, a nuestro juicio, la reciente convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos, que pretende poner de manifiesto que es posible otra política; que los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos europeos son comunes; que no se trata de una batalla de un país contra otro; que no se trata de levantar sino de eliminar fronteras entre los trabajadores; que las políticas impuestas en todos los países son comunes y que esas políticas ponen en grave riesgo nuestro modelo de convivencia en toda Europa; que, por tanto, es común el objetivo de conseguir que cambien. En España, los sindicatos de clase han coincidido en convocar una huelga general el día 14 de noviembre reclamando un cambio de orientación en las políticas económicas y sociales.
11. Nuevas razones se añaden en estos días para abundar en la necesidad de una respuesta. La masiva pérdida de empleo en el sector público (que por primera vez en el tercer trimestre del año ha superado a la pérdida en el sector privado) no ha hecho más que empezar. La irrupción de la barra libre de los ERE en las administraciones públicas anuncia, no sólo nuevas y masivas pérdidas de empleo, sino un más grave deterioro de los servicios a los ciudadanos y la puesta a punto de empresas públicas para su privatización a precios de saldo. Se anuncia la supresión de las jubilaciones parciales con contrato de relevo, en el marco de una nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. La perspectiva de una drástica reducción de las prestaciones por desempleo es inmediata. Y los brotes verdes que algunos vislumbran no son sino una nueva oleada de transformación de empleo asalariado en trabajo autónomo aún más precario, en su mayoría lo que conocemos como “falsos autónomos”. En el terreno de las relaciones laborales asistimos a la más grave ruptura de todos los equilibrios, de todos los contrapesos que nuestra sociedad había ido construyendo en estas últimas décadas. Como consecuencia, cada vez queda más desdibujado el papel de control público de legalidad en las relaciones de trabajo y, con ello, de la función pública inspectora.
12. Por todas estas razones, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, igual que lo ha venido haciendo en otras ocasiones, ha tomado la resolución de apoyar la huelga general convocada, cuyos objetivos compartimos.
SECRETARIADO PERMANENTE DE UPIT
Madrid, 5 de Noviembre de 2012
